La OMC comparte lo anunciado por el ministro Gallardón sobre la Ley del aborto porque responde a la petición de la organización

La OMC comparte lo anunciado por el ministro Gallardón sobre la Ley del aborto porque responde a la petición de la organización

junio 8, 2016 0

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha expresado su satisfacción ante el anuncio realizado ayer miércoles, 25 de enero, por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno para las menores que decidan abortar. “Celebramos este anuncio  que responde a nuestra petición en pleno debate de la ley, aprobada en marzo de 2010, porque se ha reconsiderado algo que para nosotros era un agujero importante, ya que la menor necesita apoyo claro y definitivo de alguien para tomar una decisión tan importante”, ha afirmado.

“Desde la OMC -asegura- siempre defendimos esta postura porque el apoyo es más importante y menos peligroso que lo contrario y se nos tuvo en consideración en parte porque se modificó de alguna manera y quedó la salvedad de que pudiera ser que no tuviera el permiso de los padres cuando tuviera una mala relación”.

El Dr. Rodríguez Sendín cree que “es mejor que esto se corrija y que la menor, que para eso es menor, ante un hecho tan traumático, sea acompañada o tenga el permiso, al menos, de uno de sus padres” y reitera la postura expresada ya por la OMC de que “las menores necesiten permiso de los progenitores, o en el caso de que no los tuviera, de su representante legal”.

Para el presidente de la OMC, sería oportuno que el nuevo Gobierno aborde también la modificación del uso de la pastilla del día después, un asunto sobre el que se pronunció la organización en su momento.

Para el Dr. Rodríguez Sendín, “la venta no puede ser libre y debe establecerse la prescripción por los profesionales o, al menos, darla gratuitamente en los centros públicos con todas garantías para  saber quién la toma y cuantas se toman y aprovechar, además, para hacer educación preventiva sobre el uso de otro tipo de cuidados”.

“Tanto la exigencia del consentimiento paterno para abortar como la modificación del uso de la pastilla del día después,  son los dos grandes vacíos que desde la OMC creemos que no quedaron bien resueltos y celebramos el anuncio de la resolución, al menos, de uno de ellos”, afirma el presidente de la OMC.

Durante la tramitación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la OMC denunció públicamente y en el Parlamento que era un error conceder autonomía absoluta para abortar a las menores y expresó, entre otras cuestiones, la conveniencia e importancia de informar a los padres o tutores para no privar a las menores que decidieran voluntariamente interrumpir su embarazo, de su consejo, apoyo y ayuda.

Trabajo conjunto entre Justicia y Sanidad

Por otra parte, y aunque haya sido el ministro el encargado de anunciar en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la reforma de la ley para impedir que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno, así como para volver a los criterios planteados por el Tribunal Constitucional en 1985, desde el departamento de Justicia han señalado fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón consultadas por Europa Press que los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabajarán de forma «conjunta» en la reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Por su parte, fuentes del Ministerio de Mato han señalado que ésta podrá dar más  detalles sobre la reforma de la Ley del Aborto dentro de una semana, en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, prevista para el 1 de febrero.

Como ha explicado Gallardón durante su comparecencia «se trata de la reforma legislativa parcial más importante. Que no les sorprenda que la anuncie yo porque la tramitaremos en esta Comisión. Vamos a reformar la regulación de la protección del derecho a la vida en España, que fue aprobada sin el consenso, con la opinión desfavorable de los órganos consultivos», ha explicado el titular de Justicia en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.

Ante esta propuesta de reforma, Gallardón ha destacado que también se recogerán aquellos principios que han sido anunciados por el Partido Popular sobre la normativa. Concretamente, el PP se comprometió en la campaña electoral a «cambiar el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores».

Recurso de 2010

La entonces coordinadora de Política Social del Partido Popular del PP, Ana Pastor, aseguró que la posición de los ‘populares’ sobre la Ley del Aborto es el que se recoge en el recurso presentado en 2010 contra la norma socialista ante el Tribunal Constitucional.

El recurso cuestiona ocho preceptos de la actual legislación. En su argumentación, el PP toma de nuevo como «punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación».

En dicho documento, ya el PP recurre el apartado que permite a las menores abortar sin el consentimiento y, en algunos casos, sin el conocimiento de los padres. «Con la errónea concepción de respetar la libertad de la menor embarazada, se le priva de un asesoramiento de las personas más cercanas a ellas en convivencia y afecto que puede resultar fundamental a la hora de adoptar la mejor decisión respecto del aborto en sí», señala el texto.

Igualmente, defiende la objeción de los profesionales sanitarios y dice que este derecho debe estar garantizado.

Por otra parte, critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra «ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus», algo que, a su juicio, va contra el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que «todos tienen derecho a la vida».



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