El ICOMME recuerda que se cumplen tres años de la declaración de Melilla como “zona de difícil cobertura” sin que se haya aplicado ninguna medida efectiva

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla (ICOMME) recuerda que se cumplen tres años desde la publicación en el BOE (22 de febrero de 2023) del Real Decreto 118/2023, cuya disposición adicional tercera reconocía los puestos de trabajo de INGESA en Ceuta y Melilla como de “difícil cobertura”. Tres años después, esa declaración no se ha traducido en incentivos reales ni en mejoras profesionales que permitan atraer y retener médicos en la ciudad. 

El reconocimiento de “difícil cobertura” no era un gesto simbólico: implicaba la necesidad de activar medidas especiales para corregir un problema estructural de déficit de médicos y desigualdad de condiciones respecto al resto del país. El Real Decreto habilitaba el desarrollo normativo para que el Ministerio de Sanidad adoptase las disposiciones necesarias para su ejecución. Pero el balance, tres años después, sigue siendo, a juicio del Colegio, deficitario:

• No se ha aprobado ni aplicado un paquete de incentivos económicos (complementos, guardias, retribuciones específicas u otros) asociado a la difícil cobertura. 
• No se han implementado medidas profesionales y organizativas (mejoras en condiciones laborales, carrera profesional, conciliación, formación, etc.) que ya funcionan en otros territorios declarados de difícil cobertura. 
• No se ha corregido uno de los factores más disuasorios: las guardias continúan entre las peor pagadas, lo que es incompatible con cualquier política seria de atracción de profesionales. 

En estos tres años se han sucedido declaraciones públicas de responsables institucionales sin concreción posterior:

• Tras la declaración en BOE, se afirmó que se abría “de manera inmediata” una fase de estudio de mecanismos de incentivación. El Colegio preguntó entonces “¿cuándo?”, y la realidad ha sido la ausencia de resultados. 
• Más recientemente, en octubre de 2024, el ICOMME recordaba que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, señaló en una visita a Melilla que seguían trabajando en “mejoras salariales” mediante la definición de puestos de difícil cobertura y el incremento del precio unitario de la hora de guardia; el Colegio recuerda que, pese a esas palabras, no llegaron los hechos. 

Lejos de ser una reclamación aislada, la exigencia de desarrollar la difícil cobertura ha estado presente de forma continuada en la agenda institucional y profesional:

• Abril de 2023: los colegios de Ceuta y Melilla trasladaron al Ministerio propuestas concretas (incentivos reales a corto plazo, mejora contractual, 35 horas, tiempo para formación, etc.) y reclamaron un plazo de implementación; advirtieron que la declaración seguía siendo “solo una expresión recogida en un papel”. 
• Diciembre de 2023: Ceuta y Melilla expusieron la situación en el pleno del CGCOM, recordando que, pese a la declaración oficial, no se habían aplicado medidas; se insistió en mantener movilización social e institucional ante el empeoramiento del escenario. 
• Abril de 2024: el presidente del ICOMME reiteró públicamente la idea central: “todo pasa por desarrollar la difícil cobertura” y que bastaría replicar medidas ya existentes en otros territorios: “simplemente hacer un corta-pega”. 
• 2024–2025: el Colegio siguió denunciando que la falta de incentivos impacta de forma directa en la cobertura de servicios y especialidades, y que la declaración no se acompasa con decisiones efectivas en recursos humanos. 
• 2025: el propio análisis jurídico difundido por el entorno de la OMC volvió a remarcar que, pese al Real Decreto, “más de dos años después, ninguna de estas medidas se ha materializado”, manteniéndose los problemas estructurales. 

El ICOMME exige al Ministerio de Sanidad y a INGESA que, de una vez, pasen del reconocimiento formal a la ejecución: un calendario de medidas, presupuesto identificado y una batería de incentivos y mejoras profesionales con impacto real.

El Colegio concluye que una declaración sin medidas es papel mojado, y recuerda que esta inacción no solo deteriora las condiciones laborales del colectivo médico: afecta directamente a la capacidad del sistema para sostener servicios, garantizar continuidad asistencial y proteger la calidad de la atención sanitaria de los melillenses.