Comunicado del Colegio de Médicos sobre el sistema de formación MIR
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla, en relación a los pactos suscritos por el PSOE con partidos como BNG, ERC o JUNTS, quiere mostrar su enorme preocupación por las líneas generales de su contenido. Por todo ello, esta institución quiere manifestar su rechazo a que la Formación Sanitaria Especializada, que se encuentra dentro del sistema MIR, y la competencia sobre homologación y reconocimiento de titulaciones profesionales sea objeto de negociación política.
Es nuestra responsabilidad mostrar una oposición total a la posible transferencia competencial de la gestión del MIR a las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo con lo manifestado por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), el actual modelo centralizado está consolidado, cuenta con el respaldo de la profesión médica y un gran prestigio internacional. Es inviable organizar un examen MIR por comunidad autónoma, además de los costes adicionales que ello conlleva. Traería, sin duda, desigualdades en la formación, diferencias en los sistemas de evaluación y una falta de cohesión en los estándares de calidad a lo largo del país.
Nadie debe olvidar, y menos los políticos, que nuestro sistema de formación médica se basa en los principios de homogeneidad y equidad en los procedimientos de acceso o en los sistemas de evaluación del proceso formativo especializado. A lo largo de los años se ha constatado que es un programa de calidad formativa y de seguridad de la asistencia sanitaria, de manera que se debe garantizar su continuidad. El hecho de transferir el MIR a las comunidades autónomas generaría desigualdad, y podría poner en dificultad la garantía de movilidad libre de profesionales sanitarios, cuestión que protege la normativa europea.
La competencia en la homologación y reconocimiento de títulos profesionales a las comunidades autónomas no debe ser objeto de negociación, debe ser competencia exclusiva del Estado, como así se ha subrayado con determinación desde el Consejo General de Médicos.
Tampoco compartimos el fondo de compensación sanitario que se ha abordado en las negociaciones con ERC, pues también generaría desigualdad entre comunidades.
Entendemos los pactos de investidura o legislatura, pero la conformación de mayorías parlamentarias siempre debe respetar la legalidad constitucional. Por ello, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes, recordando que todos deben acatar y respetar el Estado de Derecho.
El Gobierno central, concretamente el Ministerio de Sanidad, debería ocuparse de problemas reales, como la huelga sanitaria que vivimos en Melilla desde hace más ocho meses y en la que INGESA ha evidenciado una dejadez de funciones sobre sus obligaciones.
El ICOM Melilla, en cumplimiento de sus funciones, denuncia ante la ciudadanía melillense estas acciones en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad entre españoles.