Un año de la declaración de Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura, pero sin aplicar medidas para refrendarlo

El 21 de febrero de 2023 se aprobó el Real Decreto 118/2023, por el que se regulaba la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). En dicha norma jurídica, concretamente en su disposición adicional tercera, se reconocían los puestos de trabajo de INGESA en Ceuta y Melilla como de “difícil cobertura” y se habilitaba a la dirección de este organismo “para establecer las medidas necesarias que incentiven la contratación de profesionales en estos puestos”. Pues bien, ha pasado un año y no se ha aplicado ni una sola medida, ni económica ni de mejoras profesionales. INGESA y el Ministerio de Sanidad no han hecho nada de nada.

Este Real Decreto lo firmó Félix Bolaños como ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Su rúbrica aparecía al final de los once folios de esta norma con rango de ley y quizá a partir de ahora se le debería cuestionar a él sobre su NO aplicación, puesto que en este tiempo se ha interpelado a tres ministros de Sanidad, Carolina Darias, José Manuel Miñoñes y Mónica García, y ninguno ha dado respuesta ni ha aplicado medida alguna. Por cierto, en este último año también se ha pedido la mediación del defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la respuesta ha sido la misma: silencio.

Por si fuera poco, también se ha solicitado la intermediación del director territorial de INGESA en Melilla, Omar Haouari, y de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, pero es evidente que no estaban por la labor o no podían.

Un Real Decreto emana del poder ejecutivo y se dicta en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Es evidente que la sanidad de Ceuta y Melilla encaja en estos parámetros, de ahí la huelga que iniciaron nuestros profesionales el 9 de marzo de 2023 y que ahora se encuentra en periodo de tregua tras manifestar la actual ministra de Sanidad, Mónica García, su disposición a negociar tras conocer datos reales y no “edulcorados” de la situación en ambas ciudades autónomas. Eso sí, ya ha pasado un mes desde que se declaró la tregua por parte del Sindicato Médico y por ahora no ha cambiado nada. ¿Volverán a jugar con la paciencia de nuestros médicos hasta llevarlos al hastío o esta vez se intervendrá de una vez de manera decidida?

Es inadmisible que el poder ejecutivo tome decisiones, las refrende con su publicación en el Boletín Oficial del Estado y luego no las ejecute. El Real Decreto 118/2023, en su disposición final segunda, sobre facultades de desarrollo normativo, recoge que “se autoriza a la persona titular del Ministerio de Sanidad para que, previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto”. Es decir, se autorizó en su día a Carolina Darias, luego a José Manuel Miñones y ahora a Mónica García para que tomen medidas y demuestren con hechos que los puestos de trabajo de INGESA en Ceuta y Melilla son de difícil cobertura. En otros territorios nacionales, como las islas, ya se han puesto en práctica medidas en este sentido, ¿por qué no en Ceuta y en Melilla?

No es necesario que recordemos a INGESA o al Ministerio de Sanidad la crisis severa que asola nuestro sistema sanitario. La ausencia de especialistas, las plantillas envejecidas, las bajas no cubiertas, el exceso de guardias, los cupos de pacientes desbordados en Atención Primaria, el no reconocer la turnicidad ni las noches ni los festivos del 061, las listas de espera saturadas, los inevitables traslados de pacientes a la Península, la falta de recambios… son realidades constatables que sufren nuestros profesionales y que, lamentablemente, repercuten en el trato a nuestros pacientes.

Por favor, actúen de una vez.

AUDIO JUSTO SANCHO-MIÑANO